"Las prioridades de las instituciones de la Unión europea muy a menudo no son las adecuadas: en la actualidad, en presencia de una crisis económica en la que todo el mundo paga los costos, y ante la amenaza de un invierno demográfico, que algunos Estados miembros ya están fatigosamente experimentando, la familia aparece como una fuente de luz". Así lo declara la Federación Europea de las Asociaciones Familiares Católicas, denunciando la legislatura que comenzó hace un año en Estrasburgo y que no dedica la debida atención a las cuestiones de la vida y de las relaciones entre hombres y mujeres, contrariamente a lo que fue proclamado en varias ocasiones durante la campaña electoral.
El próximo mes de septiembre, el Parlamento Europeo debatirá dos informes que se caracterizan por un contenido que tiene una clarísima orientación: uno elaborado por la eurodiputada Laura Ferrara sobre el suicidio asistido y el de la comisión de Derechos de la Mujer (FEMM) sobre la promoción de la ideología de género.
"En cuanto a la Comisión Europea, - continúa la Federación - su vicepresidente Frans Timmermans ha hecho varias declaraciones acerca de la voluntad de imponer el reconocimiento de las uniones y de los matrimonios entre personas del mismo sexo en los Estados miembros que no han introducido una legislación similar. En la actualidad, ocho Estados miembros tienen constituciones que definen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer (Bulgaria, Croacia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania y Eslovaquia) y la Comisión - continúa la Federación de las asociaciones familiares católicas – no posee ningún mandato para imponer sus cambios en las costumbres y constituciones, y más aún en asuntos relacionados con la definición de la familia, célula fundamental de toda sociedad, basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer".
Además, la Federación señaló que está siguiendo "con gran atención" el proceso de selección del nuevo director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión europea (FRA): "Cómo se ha sabido de la audiencia parlamentaria, los tres candidatos tienen el mismo perfil ideológico , que pone en tela de juicio y amenaza la transparencia del proceso de selección y la imparcialidad requerida de la FRA, que debería garantizar el cumplimiento de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, a nivel de la UE y de los Estados miembros ".
