Se puede leer en el periódico francés "Le Figaro” la hermosa presentación de una asociación que ayuda a las mujeres embarazadas con dificultades. Fundada en 2010 sobre el principio de la convivencia solidaria, los Hogares Marthe et Marie acogen a mujeres embarazadas que sufren problemas afectivos y sociales, acompañándolas hasta los primeros meses después del parto.

 

Con la publicación de un decreto, el 8 de marzo, las pruebas ligadas a la interrupción voluntaria del embarazo (consultas médicas, exámenes biológicos, eventuales ecografías) serán reembolsadas en Francia al 100%, a partir del 1 de abril 2016. Desde 2013 la interrupción voluntaria del embarazo es rembolsada. De igual modo, siguiendo la propuesta de la ministra de Salud, Marisol Touraine, todo el "proceso IVE" será totalmente reembolsado, tal como se anunció el 15 de enero. En un comunicado, la asociación de defensa de la vida Alliance VITA, expresión del pensamiento de muchos católicos, ha denunciado esta medida que conduce a "una preocupante discriminación entre la IVE y la continuación del embarazo, teniendo en cuenta que por ejemplo, las dos primeras ecografías antes del quinto mes de embarazo solamente son reembolsadas al 70%". Alliance VITA reafirma con insistencia "la urgencia de una verdadera política de prevención del aborto".
 

 

Pocos días después de la aprobación, el pasado 6 de febrero, del Tribunal Supremo de Canadá de la "ayuda médica para morir", Jean Vannier, fundador del Arca, una asociación que acoge a personas con discapacidad mental en espacios de vida común, emitió un mensaje en el que afirma que "lo más importante para una sociedad es su actitud ante la vida y la muerte". "Con la eliminación de la prohibición legal de la asistencia médica para morir en determinadas circunstancias excepcionales, declara Jean Vannier (canadiense), el país entra en una nueva realidad médica y ética". El fundador del Arca espera que se conceda una mayor importancia y un mayor compromiso a que "nos cuidemos unos a otros en los momentos más frágiles de cada una de nuestras vidas".

 

La Conferencia Episcopal Regional de África Occidental se reunió en Asamblea plenaria en Accra, Ghana, del 22 al 28 de febrero. Al termino de esta Asamblea, los obispos publicaron un mensaje pastoral. Una gran parte del texto está dedicado a la familia. Los obispos señalaron, entre otras cosas, la necesidad de "preservar y promover específicamente los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad, como los niños que están por nacer, los ancianos y los enfermos". Además, los obispos de África Occidental subrayan que "el matrimonio es un don de Dios que une a un hombre y a una mujer, ni más ni menos" y que "toda vida humana es sagrada y debe ser acompañada, defendida y respetada desde la concepción hasta su fin natural". En este sentido, afirman estar "preparados para defender la cultura de la vida en el ámbito público de sus respectivos países contra la cultura de la muerte que se presenta muy a menudo como un medio de desarrollo".

 

El ministro de Justicia, de los derechos humanos y de la promoción cívica de Burkina Faso garantiza el compromiso del gobierno para impedir los matrimonios precoces y/o forzados. El ministro René Bagoro tiene la intención de fijar una edad legal para que las jóvenes puedan contraer matrimonio. Esta edad sería de 18 años. Además, el matrimonio forzado será claramente definido por el Código penal de Burkina Faso.

 

El problema de falta de certificados de estado civil para muchos niños afecta a muchos países africanos. El 2 de marzo 2016, el periódico de Madagascar "Lakroa", editado por la Compañía de Jesús en Madagascar, tornaba de nuevo a esta cuestión, explicando que la declaración del nacimiento se ve obstaculizada por dos problemas. El primero es cultural: un niño es un don de Zanahary (Dios) y por lo tanto no hay necesidad de registrarlo. El otro problema es legal: 12 días es un lapso de tiempo demasiado corto para que las personas puedan presentarse en el municipio dado que este se encuentra, por lo general, muy lejos.

 

A partir de ahora, en la provincia de Sindh, en el sur de Pakistán, los hindúes podrán declarar su matrimonio religioso ante las autoridades civiles. Esta ley afecta potencialmente a tres millones de hindúes paquistaníes, la mayoría de los cuales viven en y alrededor de Karachi, la capital de Sindh. El texto colma el actual vacío jurídico que existía desde la creación, en 1947, del Estado de Pakistán. Algunos legisladores hindúes esperan que esta nueva ley frene el número de conversiones y matrimonios forzados que han de padecer un número cada vez mayor de mujeres hindúes paquistaníes, en este país predominantemente musulmán, explica Eglises d'Asie, la agencia de información de las Misiones extranjeras de París.