La propuesta política promovida por el Jefe del Estado mexicano está construida en base a tres puntos. El primero, sobre todo, consiste en un proyecto de ley que pretende modificar la Constitución de México - concretamente el artículo 4 – que tiene como fin reconocer en todos los países de la Nación el "matrimonio" entre personas del mismo sexo, incluyendo la posibilidad de adopción. Hasta hora esta posibilidad existía solamente, desde el año 2009, en el Distrito Federal (Ciudad de México) y en sólo otros tres estados de los 32 que forman la República Mexicana. El segundo punto prevé la introducción de la teoría de género en todos los niveles de la educación; mientras que el tercero promete la incorporación de México a un grupo de países promotores de la teoría de género en todo el mundo.

Ante este sombrío escenario se han alzado inmediatamente las voces de los obispos mexicanos y de la Comisión Episcopal para la familia, juventud, adolescentes, laicos y vida, que han hecho hincapié sobre todo en que "los creyentes son también ciudadanos, que no pueden seguir como espectadores contemplando la decadencia de una sociedad sin rumbo, sino al contrario promoviendo una cultura que reflejen en las leyes el respeto a la visión y cultura propia de nuestra Nación".