Una “guía pastoral” para salvaguardar el derecho a la objeción de conciencia. Ha sido publicada por los obispos filipinos durante su asamblea plenaria, para contrarrestar la “ley de la salud para la reproducción” (Reproductive health bill) que la Corte Suprema ha confirmado definitivamente en el pasado mes de abril haciendo efectivas las decisiones en materia de anticoncepción y educación sexual para la populación, con la idea de aumentar la cultura de la planificación familiar y favorecer el control de la natalidad. Los obispos, en el documento dirigido a los médicos, asistentes sanitarios católicos, funcionarios del gobierno y educadores se presentan como “maestros de la fe y de la moralidad” y dan indicaciones para el discernimiento de los fieles: “Es nuestro deber pastoral ofrecer instrucciones a todos aquellos que trabajan en la estructura sanitaria, pública o privada, de modo que puedan conocer sus prerrogativas”.
En Filipinas la interrupción voluntaria del embarazo sigue estando prohibida por la Constitución, la distribución y suministración de fármacos y dispositivos anticonceptivos deben de ser autorizados por un médico. En el documento se quiere reconocer a todos los operarios católicos que quieran seguir las orientaciones de la fe la facultad de poder negarse “de suministrar información y servicios”, declarándose objetores: el principio fundamental es “la inviolabilidad de la conciencia humana”, que ninguna ley puede rechazar. La Corte providencialmente ha reconocido que los católicos “pueden quedarse al margen” y no realizar un acto que encuentran “moralmente repugnante u ofensivo”.
La última indicación de la Iglesia filipina contempla la protección de la familia, sancionada por la Constitución: si una persona casada elige una forma irreversible de contracepción, los dos cónyuges deberán estar de acuerdo. Y una menor, si quiere avalarse sobre medidas de planificación familiar, deberá contar con el consentimiento de los padres. “El Estado no puede substituir a la madre o al padre natural cuando se trata de suministrar cuidados, consejos y asistencia a los menores”, se lee en la guía publicada por los obispos. La libertad educativa, finalmente, está salvaguardada: escuelas y hospitales católicos podrán continuar a suministrar servicios en sintonía con los principios y la propia inspiración religiosa. “Continuaremos a preparar nuestros jóvenes para que sean padres responsables”, concluyen los prelados.
