"Para proteger la dignidad humana se hace imperativa la prohibición de la maternidad subrogada", escribe la Asociación, basándose en "cuestiones éticas" fundamentales que "no se trataron" en el decreto parlamentario y que, en cambio, "deben ser consideradas" desde el momento en que se trata de "un debate esencial no sólo para el Parlamento, sino también para la opinión pública". Según los juristas católicos "la maternidad subrogada siempre tendrá como consecuencia la mercantilización de los niños y de las mujeres embarazadas, reducidos a meros objetos de un contrato, por lo que a menudo se emplea la expresión de útero de alquiler". Por este motivo, la Asociación recuerda que "una cuestión tan delicada y fundamental como la liberalización del útero de alquiler no debería decidirse sin escuchar a los votantes".