Europa, como es bien sabido, está viviendo una crisis demográfica profunda. Aunque éste es uno de los problemas fundamentales del Viejo Continente, no llama la atención de los políticos ni está en el primer lugar de los programas de los partidos políticos europeos. Igualmente, los medios no dedican ni espacio ni tiempo a este fenómeno.
La crisis demográfica -como ha dicho valientemente Gerard-François Dumont durante la Conferencia Internacional "Los derechos de la familia y los desafíos del mundo contemporáneo", organizada por el Pontificio Consejo para la Familia del 19 al 21 de septiembre en Roma- no está directamente relacionada con la prolongación de la esperanza de vida media de los europeos, sino que depende de una disminución de la fertilidad, que empezó en los años 60 del siglo pasado. El "invierno demográfico" europeo tiene su origen en la cultura existente, de crisis del matrimonio y de la familia, y en la falta de voluntad de apoyar a la infancia. Es tristemente indicativo que en una Europa instalada en el invierno demográfico, tanto espacio político sea dedicado a promover la contracepción, el aborto y las relaciones entre las personas del mismo sexo. En este contexto, está claro por qué la Iglesia católica atribuye tanta importancia a la Carta de los Derechos de la familia, publicada hace treinta años. Esta Carta es la respuesta de Juan Pablo II a la petición del sínodo de Obispos, que se celebró en Roma en 1980. La razón inmediata para tomar la iniciativa de pedir una intervención del Papa fueron los ataques organizados por algunos políticos y juristas contra el matrimonio y la familia en esos años. Juan Pablo II recordó que la institución del matrimonio y de la familia es, hoy como ayer, fundamental para la vida social, y ningún país puede permitirse ninguna ambigüedad en esto. «El futuro de la humanidad pasa a través de la familia», ha escrito Juan Pablo II en la "Familiaris Consortio".
El primer deber del Estado consiste en respetar la identidad de la institución del matrimonio y de la familia. Es imposible llevar una adecuada política familiar si se tiene una concepción errónea de la familia. Es difícil comprender la naturaleza del matrimonio y de la familia si se afirma que la procreación está relacionada con ella sólo incidentalmente . Se tiene una sensación extraña cuando a personas "instruidas" se le debe explicar que el matrimonio, unión íntima de vida en la complementariedad entre un hombre y una mujer, es la institución natural a la que es confiada de forma exclusiva la misión de transmitir la vida.
La crisis demográfica del Viejo Continente -añadió Dumont- contribuye a la creación de la presión económica contra los ancianos. El derecho a matar a las personas inocentes forma parte, en algunos países europeos, del sistema jurídico local, y el tema de la planificación del asesinato de los inocentes (eutanasia involuntaria de los niños minusválidos y de personas con demencia senil) forma parte del debate público. En la discusión, la idea de "vidas indignas de ser vividas" (Lebens unwertes Leben) es compartida también por una élite social. Habitualmente, se comienza a hablar de eutanasia con tonos compasivos, para pasar después a la tesis de proteger al público de costos excesivos debido al envejecimiento de la población. Parece que nadie tenga en cuenta que el problema, también en Europa, no es el de los ancianos, la mayoría de los cuales es todavía eficiente, sino que el problema principal es la falta de niños.
En la Conferencia promovida por el Pontificio Consejo, se ha discutido sobre el futuro de la Carta de los Derechos de la Familia, que, después de 30 años, parece olvidada. Se debatió la cuestión de si -ante los nuevos desafíos y a la luz del desarrollo del derecho internacional- no sería oportuno introducir algunas enmiendas en la Carta, sobre todo en el campo de los derechos de los menores (relacionados siempre con los derechos de los padre) y los derechos de los ancianos. Se trata de enriquecer, no de cambiar, contenidos que son plenamente válidos y actuales. No se debe correr el riesgo de reducir la gran contribución de verdad que la Carta aporta a nivel cultural y político.
El gran "sueño" de Juan Pablo II era que la Carta de los Derechos de la Familia se convirtiese un día en la base para la Carta Internacional de los Derechos de la Familia, un documento vinculante para los países firmantes. La crisis de la familia en el Viejo Continente, que se manifiesta también mediante la crisis demográfica, quizá será leída un día con detenimiento y pesar por la mayoría de los políticos europeos. En aquel momento, finalmente podrá dar una contribución decisiva al desarrollo de una Carta Europea de los Derechos de la Familia: ”no podría ser este "sueño" de un Papa un tema de reflexión y un proyecto de cara a las elecciones europeas de mayo de 2014?
