El gobierno rechaza las acusaciones de inconstitucionalidad de la ley contra la homosexualidad porque a su juicio los delitos definidos en la “Anti-homosexuality Act” están bien definidos, no son ambiguos, y además satisfacen el principio de legalidad tal como se prevé en la Constitución.
El gobierno defiende una ley contra la cual ha sido presentado un recurso por parte de diez ugandeses, algunos de ellos muy notorios en el país, que consideran dicha ley discriminatoria hacia los gay, “inconstitucional” y “draconiana”.
El gobierno sostiene, en cambio, que la imposición de una sanción por el delito de presunta homosexualidad agravada no representa una violación de los derechos y de la libertad garantizados por la Constitución. El gobierno espera que la petición sea rechazada, aunque la Corte constitucional debe aún fijar una fecha para la audiencia.
